Ministerio de Innovación y Cultura tomado por sus trabajadores

December 6, 2019

El Ministerio de Innovación y Cultura provincial fue creado hace 12 años por la gestión socialista y tiene el orgullo de ser la primera área de cultura en tener ese rango en el país, incluso antes que el ministerio nacional.

 

 

 

 

 

 

Fue pionero además en la creación de derechos para las infancias, los habitantes de barrios vulnerables, las productoras y productores de las industrias culturales, las santafesinas y santafesinos que no viven en las grandes ciudades y las personas de la tercera edad. Lo paradójico es que esos derechos creados en todo este tiempo fueron construidos, en la mayoría de los casos, por personas con sus derechos laborales totalmente vulnerados. Esa es la paradoja perversa del Estado: quienes dan derechos deben resignar sus propios derechos.  Facturando, con contratos que se renuevan mes a mes, que debe pagar de su bolsillo y tener al día su monotributo, ingresos brutos (y le cobran los sellados del contrato), sin obra social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin estabilidad, sin licencias por enfermedad o maternidad, cumpliendo cargas de 30 horas semanales y tareas similares al personal del planta, las trabajadoras y trabajadores precarizados del MIC sostuvieron gran parte de las políticas públicas que se atribuye el gobernador Miguel Lifschitz como logros propios: recitales, obras teatrales, actividades en vacaciones de invierno, talleres en Plataforma Lavardén, los Aleros, Casa Arijón, los programas de subsidios Espacio Santafesino y Escena Santafesina, las Orquestas Sinfónicas provinciales y el coro polifónico provincial, Señal Santa Fe, Periplo Colectivo, La Compañía de la Media Luna, Hoy en Mi Barrio, Querer-Creer-Crear, Berni para niños, El Cairo Cine Público, Museo de Ciencias Naturales Gallardo, Museo Histórico Marc, Corredor Audiovisual Santafesino, la Franja del Río con el Mercado de Frutos Culturales y la Mutualidad, el Museo del Deporte, por nombrar sólo algunos en Rosario y el resto de la provincia. Por eso decimos: ¡basta de cultura con contratos basura!

 

 

 

 

 

 

En el caso de las contrataciones del Ministerio de Innovación y Cultura la modalidad más difundida es la del denominado “contrato artístico”: por ejemplo, una persona que trabaja 6 horas por día, 5 días a la semana, cumpliendo un horario determinado por un funcionario en una oficina específica y realiza tareas administrativas o técnicas similares al personal del planta firma un papel todos los meses que dice que trabaja sólo diez o doce días puntuales al mes, realizando una actividad artística en lugares que muchas veces están a cientos de kilómetros de su espacio laboral y que no coincide en lo más mínimo con su tarea real. Alguien que trabaja como administrativo de la orquesta puede figurar como artista que visita una parroquia. Alguien que trabaja en Plataforma Lavardén como técnico en la sala puede figurar como asistente eventual del Teatro Ideal de Venado Tuerto. Alguien que es productora de Señal Santa Fe puede aparecer en los papeles como colaboradora transitoria para las vacaciones de invierno en el Mercado de Frutos Culturales. Y así. Hay contratados en esta situación que manejan dinero, que están a cargo de la asistencia de compañeros de planta y en negro (no hay en Rosario ni siquiera una oficina de Recursos Humanos). Hay contratados en las oficinas de Habilitación, que gestionan el pago de los contratos basura de otros contratados.

Todo esto se repite con la segunda modalidad más utilizada para la contratación en negro: las horas cátedra, un remanente residual de la época en que el área de Cultura dependía del Ministerio de Educación y que se utiliza para dos fines: como contrato encubierto y para suplementar discrecionalmente algunos salarios de personal en planta permanente con gente a cargo. De más está decir que lo que figura en los papeles tampoco coincide con la realidad de la tarea que se realiza, ni mucho menos el lugar. En los dos casos, no hay ni siquiera la posibilidad de certificar la labor que se realiza para que figure en un currículum. Más de la mitad de los trabajadores de la administración central del MIC se encuentra en esta situación. Hasta que la asamblea de trabajadores del MIC realizó por su cuenta un relevamiento de todsos los trabajadores en esta situación, no existía en el Ministerio un listado con los datos mínimos de esta personas. Muchos funcionarios no tenía ni el DNI de quienes trabajaban para ellos: no existían para el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Por si todo esto fuera poco, en sus 12 años, en tres gestiones con el mismo signo político y casi los mismos funcionarios que se sostuvieron en su cargos o ascendieron, el Ministerio no terminó de financiar su estructura interna. Para explicarlo en palabras sencillas: es un ministerio donde el personal político cobra altos salarios y tiene una estructura de asistentes técnicos, directores, subsecretarios, secretarios y ministra, mientras el personal de planta pertenece en su gran mayoría a la categoría más baja de sus respectivos escalafones y no puede ascender, ya que no existen o no están financiados los puestos superiores. Es como un ejército integrado por generales y soldados rasos, sin oficiales intermedios. Esta situación repercute directamente sobre las santafesinas y santafesinos que reciben derechos gracias al MIC: ninguno de los programas que lleva adelante están garantizados, ya que no tienen una estructura legal que los respalde, todos pueden desaparecer. Hay una editorial que no puede vender sus libros, un mercado que no puede cobrar el canon por los puestos. Los programas de fomento (Espacio Santafesino y Escena Santafesina) no están garantizados por ninguna estructura legal que los respalde. Los aleros Nahuel Huapí y Sportivo la Esperanza, que llevaron derechos a barrios donde casi no hay ninguno, son sostenidos en su mayoría por personal en negro y no hay ninguna garantía de continuidad. Todas las actividades de Casa Arijón corren serio riesgo de cerrar, por dar algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

Por todas esta razones estamos acá. Hace años que venimos advirtiendo que esta situación debía resolverse. La preocupación y la inversión millonaria a la hora de crear espacios nuevos e infraestructura monumental es inversamente proporcional a los fondos que se destinan para los recursos humanos apropiados para gestionar estos lugares. No se pueden crear derechos a costa de otros derechos, es una suma que da cero. No se puede hacer cultura con contratos basura. El Estado debe generar los mecanismos legales necesarios para que las trabajadoras y trabajadores puedan realizar su tarea en condiciones dignas. El gobernador Miguel Lifschitz y los funcionarios que lo acompañan son responsables de esta situación. Háganse cargo.

 

 

 

 

 

 

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