Marcha atrás con cuestionados nombramientos para la Policía Judicial.

Tras la polémica por el intento de traspaso de personal del Poder Ejecutivo, el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, le prometió al gremio judicial anular su propia resolución.

La polémica por el intento de nombramiento de 195 empleados en distintos cargos para el Organismo de Investigaciones (OI), un cuerpo especial que asistirá a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) –una suerte de policía judicial–, derivó en que el titular del MPA, Jorge Blacini, diera marcha atrás con su resolución.

El titular del sindicato, Jorge Perlo, anunció que Baclini prometió retirar la resolución, cuestionada desde ese sector porque no respetaba el concurso de ingreso que corresponde a los ingresos en el Poder Judicial. Y negó que en el listado de personas solicitadas figuren familiares de funcionarios del gobierno provincial, tildó esas versiones de "mal intencionadas" y aseguró que "el gobernador de ninguna manera va a firmar un decreto con una situación que no corresponda o falta de ética".

La discordia proviene de una resolución del 7 de febrero firmada por el fiscal general para incorporar los 195 agentes. El sindicato respondió con una medida cautelar ante la Corte provincial para revocar por inconstitucional esa resolución, al considerar que afecta los derechos de los agentes judiciales, en particular a la carrera y el respeto a la igualdad, dado que los ingresos indicados son sin concurso. “Funcionarios de la provincia y del MPA argumentan que el nombramiento masivo de personal proveniente del Ejecutivo para la Policía Judicial es una disposición de la ley que regula el Organismo de Investigaciones, de mi autoría.

La ley disponía eventuales traslados para cubrir necesidades propias del funcionamiento del nuevo cuerpo, durante los cuatro años posteriores a su promulgación (20/01/15). Durante estos cuatro años el organismo no funcionó, por lo tanto ese proceso progresivo no se realizó.El proceso de selección no excluía en manera alguna la obligación de ser trasparente, y mucho menos la de justificar cada elección en base a la idoneidad para una función determinada, que hubiera quedado sin cubrir por alguno de los 50 nuevos cargos creados en el MPA”, sostuvo Toniolli.

Y consideró que los nombramientos son “una verdadera chanchada cuyo objetivo es conchabar a la tropa del partido gobernante (en retirada), sin atenerse a ni al texto ni al espíritu de las leyes que rigen al MPA y al Organismo de Investigaciones”.

 

 

 

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