Autopista a Córdoba: del primo de Macri a una UTE salpicada de corrupción

February 26, 2019

Desde su inauguración hasta mediados de 2018, la autopista Rosario-Córdoba estuvo concesionada por una firma que supo ser de Angelo Calcaterra, el primo del presidente, que se fue sin las obras prometidas. Luego, la administración quedó en manos de un emporio de empresarios pesados de la obra pública, implicados en la causa judicial de "los cuadernos"

La foto del árbol es conocida: una autopista en pésimo estado y una rebelión civil que la semana pasada generó la clausura de un peaje y el anuncio de obras por parte de Vialidad Nacional. En cambio, la foto panorámica, la del bosque, casi no se conoce. En la postal aparecen los nombres más poderosos --y cuestionados-- de la obra pública nacional. Desde Angelo Calcaterra, el primo del presidente Macri, hasta Eduardo Eurnekian, empresario que amasó su primera fortuna con el menemismo, que amplio su riqueza con la venia estatal y que por estos días está siendo investigado en la mediática causa de corrupción de los "cuadernos K".  

 

La Autopista Rosario-Córdoba, un corredor clave del interior del país, se pensó en la década del setenta, empezó a tomar forma en los 90 y recién se inauguró a fines de 2010 bajo la presidencia de Cristina Fernández. Su concreción demoró nada menos que 40 años. 

Desde aquel corte de cinta hasta julio del año pasado, la concesión de la traza estuvo a cargo de la firma Cincovial S.A. Licitación mediante, Vialidad Nacional le otorgó del mantenimiento de la traza y la explotación de las dos estaciones de peaje que existe a lo largo de toda la conexión, Carcarañá en el Km 340 y James Craik en el Km 588.

 

El Grupo ODS se conformó en ese año, cuando la empresa italiana Ghella S.P.A. ingresó como accionista y socia de Calcaterra. El holding agrupó durante años empresas de la construcción, desarrollos inmobiliarios, servicios financieros y de concesiones.

 

 

En 2017, durante el segundo año del mandato de Macri, Calcaterra vendió IECSA y Creaurban al grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más cercanos a la Casa Rosada.

 

 

Las concesiones de Cincovial S.A. se cayeron en 2018. La firma se retiró primero de la Ruta Nacional 11 (Rosario-Chaco) y un mes más tarde de la autopista Rosario-Córdoba. En ambos casos dejaron trazas en mal estado y sin el plan de obra acordado por contrato.

 

 

En el caso de la Ruta 11, un relevamiento del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional --ente que quedó a cargo de la administración--  alertó que la traza presenta "graves problemas que pueden llevar a un aumento inminente de los accidentes de tránsito", que las obras troncales nunca se hicieron y que escasean los fondos públicos para una futura reparación.

 

 

La desinversión también ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba, aunque en este corredor la administración quedó a cargo de una compañía privada. Días atrás, en medio de la rebelión de los usuarios a no pagar el peaje ubicado a la altura de Carcarañá, la nueva concesión argumentó que los trabajos los tendría que haber hecho Cincovial S.A.

 

Lo cierto es que desde agosto a hoy, esta firma recaudó el dinero de los peajes (55 pesos en el caso de los autos), no avanzó en ninguna obra ni tampoco pagó los canones de habilitación a los municipios de Carcarañá y James Craik, donde están ubicadas las cabinas.

 

 

Recién la semana pasada, con las denuncias de los conductores instaladas en los medios nacionales, la empresa abonó sus deudas y Vialidad Nacional agilizó los trámites para empezar con la reparación de la calzada

 y los nuevos, ¿quiénes son?

 

 

La UTE que ganó la licitación PPP, el sistema de “participación público privada” que lanzó el gobierno de Macri, es una sociedad anónima constituida por las empresas Helport S.A, Panedile S.A, Eleprint S.A y Copasa S.A. Las primeras tres son compañías nacionales y la última, de España.

 

 

Según su página web, la firma “administra, repara, mejora, conserva, amplía, remodela, explota un total de 634.99 km constituidos por la Ruta Nacional N° 9, conectando la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, hasta la localidad de Pilar en la provincia de Córdoba, asimismo enlaza las ciudades de Juárez Celman y Villa del Totoral en la provincia mediterránea”.

 

 

“Desde el inicio de la administración Corredor Panamericano II asume como principio básico ofrecer a los usuarios un servicio acorde a los más altos estándares de calidad nacional e internacional, incorporando valor a la infraestructura operada por la compañía anticipándose a las necesidades de los clientes que utilizan la conexión de nuestras rutas”, reza su texto de presentación.

 

 

Basta con hurgar los nombres de las empresas y de los CEOs que están detrás para advertir que la autopista está hoy administrada por los principales operadores de la patria contratista nacional, algunos de los máximos beneficiarios de la generosa venia estatal en los últimos 30 años.

 

 

Helport S.A es de Eduardo Eurnekian; Panedile S.A. de Hugo Hugo Dragonetti; y Eleprint S.A pertenece a Gustavo Weiss. Los tres empresarios están salpicados en la causa en la que se investiga la corrupción del kirchnerismo, expediente en el que también está procesado Calcaterra.

 

 

Eurnekian (86 años) es un empresario argentino de origen armenio. Comenzó su carrera empresarial en el rubro textil, como representante de la firma internacional “Puma” en la Argentina. Luego Desarrolló el sistema por televisión por cable a través de la empresa Cablevisión y fundó Multimedios América. Fue el presidente y CEO de Argentina Aeropuerto 2000. Hoy es la cara visible de Coorporación América S.A, uno de los holdings más poderosos del país.

Tiene negocios en aeropuertos, en la agroindustria, en la energía, en infraestructura y en tecnología. Su director, Hugo Eurnekian, sobrino y heredero de Eduardo, está procesado por la Justicia por confesar el pago de sobornos.  

 

 

Aún más complicado está Dragonetti, quien la semana pasada quedó detenido. Se trata del empresario más poderoso de la obra pública de la provincia de San Juan. Su empresa, Panedile, participó de la construcción de todas las obras energéticas sobre el río San Juan desde la década del 80: el dique Ullum, la central Ullum I y II, Caracoles, Punta Negra y una parte de Tambolar, donde acaba de terminar el desvío del río. También construyó la imponente ruta del perilago que une Caracoles y Punta Negra, la nueva joya turística de la provincia.

 

 

Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (asumió tras el triunfo de Cambiemos), es quien mejor está parado en el vendaval de denuncias contra empresarios vinculados a la obra pública.

 

 

Según la investigación preliminar, su firma, Eleprint S.A. pagó más de 97 millones de pesos en retorno (coimas), para poder ser adjudicatarias de obras públicas durante el período 2003/2015.

 

 

Esta compañía también está muy diversificad. Tiene obras civiles e hidráulicas (hospitales, escuelas, institutos penitenciarios, etc.); vial y ferroviarias (rutas, autopistas, puentes, obras portuarias, etc); y de electromecánica (líneas y estaciones transformadoras, obras para gas y petróleo y plantas de bombeo).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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